Los líos de Sempra

julio 2, 2008

Luego de que en Baja California un juez acató una resolución federal para dejar en liberta a Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, acusado por despojo de tierras a la firma estadounidense, la posibilidad de que la instalación industrial inicie operaciones en 2009 está en juego.
Javier Cruz Aguirre
La trasnacional Sempra Energy en Ensenada enfrenta la posibilidad de posponer el arranque de operaciones de su colosal instalación industrial en Costa Azul, previsto para el segundo trimestre del año 2009.
Esto porque un juez del Poder Judicial de Baja California acató una resolución federal para dejar en libertad a Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, ensenadense que fue denunciado en agosto de 2006 por un supuesto despojo de tierras a Sempra.
Y otro juzgador estatal en Tijuana inició el trámite contra Sánchez Ritchie para restituir 100 hectáreas, aun cuando los abogados y topógrafos de la empresa Energía Costa Azul (ECA), filial de la trasnacional petrolera estadounidense, afirman que se trata únicamente de un predio de dos mil 400 metros colindante con la carretera escénica Tijuana-Ensenada.
La ubicación y extensión de la propiedad son aspectos vitales para Sempra ya que, por ley, la trasnacional está obligada a ocupar, en exclusiva, todos los terrenos localizados un kilómetro a la redonda de sus dos tanques de almacenamiento de gas natural licuado en Costa Azul.
Pero el predio en disputa con Sánchez se ubica a menos de 300 metros de los tanques contenedores de gas. Y así fue como se entregó a Sempra en un litigio que, a decir de los abogados defensores del acusado, estuvo plagado de anomalías fomentadas por el ex gobernador Eugenio Elorduy Walther y el entonces procurador, Antonio Martínez Luna.
“(El ex gobernador) Elorduy siempre estuvo metido en el caso a través de los Ministerios Públicos (del Fuero Común) y el Poder Judicial bajo sus órdenes —causa penal 295/2007—. Él dio la orden directa de que detuvieran a mi cliente”, comentó el licenciado Omar Paz Arellano, uno de los dos abogados defensores de Sánchez.
“Por lo menos en tres ocasiones pidieron orden de aprehensión en contra de él y todas fracasaron. En la última (noviembre de 2006), en donde finalmente se dictó auto de libertad a favor de mi cliente, el Juzgado Primero de lo Penal de Tijuana está en proceso de entrega del predio porque al dictarse libertad se tiene que regresar el terreno a su legítimo dueño”.
Asimismo, el litigante acusó a la ex directora estatal de la Policía Ministerial y ex subprocuradora de Justicia del Estado en Ensenada, Sonia Patricia Navarro, de ser parte de la presunta conspiración oficial en contra de su cliente. Respecto de la supuesta intervención del ex mandatario, el abogado precisó que fue enterado de la situación porque “los mismos funcionarios de la empresa lo decían, lo gritaban: ‘Aquí el góber (Elorduy) nos va a apoyar. Ustedes van a valer madre. Hagan lo que quieran, nunca nos van a poder ganar’. Era lo que ellos decían”.
Al inicio del conflicto judicial todo indicaba que la mano del ejecutivo daría los resultados esperados. Tal como ZETA informó en su momento, Energía Costa Azul acusó por despojo a Sánchez y éste, junto con su abogado Paz y tres trabajadores, fue detenido y entregado al Ministerio Público Especializado en Delitos Patrimoniales de Ensenada, el cual a su vez consignó al ranchero y a sus empleados al Juzgado Primero de lo Penal de Ensenada a cargo de la juez Martha Flores Trejo, quien dictó auto de formal prisión. 
De acuerdo con la versión del abogado Paz, él y los tres trabajadores fueron intimidados por agentes ministeriales para que hundieran a su cliente y patrón, respectivamente, o de lo contrario “también a ustedes se los va a cargar la chingada”.
El licenciado, acusado de incitador y responsable del despojo por ECA, no fue a prisión porque la juez no encontró elementos para juzgarlo. La suerte de los tres trabajadores de Sánchez Ritchie fue muy diferente. Incomunicados cinco horas por los agentes ministeriales, finalmente fueron presentados ante el Ministerio Público cuando un funcionario del Juzgado Décimo de Distrito los ubicó fuera de los “Separos” de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Ensenada.
Condenados a prisión por la juez Flores Trejo (los tres obtuvieron libertad bajo fianza), siete meses después quedaron exonerados por un juez federal que revisó el caso en un juicio de amparo. Mientras tanto, el asunto de Sánchez Ritchie pasó de una ciudad a otra. Primero, la juez Flores dictó sentencia condenatoria por despojo, en la revisión federal del expediente se declaró incompetente y mandó el asunto a San Quintín, en donde no fue atendido por lo que se turnó al Juzgado Mixto de Primera Instancia en Rosarito.
Ahí el juez Salvador Juan Ortiz Morales, actual subprocurador de Justicia del Estado en Tijuana, dictó el auto de libertad por no haber elementos que probaran el delito del cual fue acusado Sánchez; no obstante, según afirmó Paz, la empresa contrató a un abogado que es amigo del juzgador rosaritense, mismo que se abstuvo de continuar con el juicio, turnándolo al Juzgado Primero de lo Penal de Tijuana en donde actualmente se tramita la restitución del predio a favor de Sánchez Ritchie.
Por su parte, la empresa pasó del ataque a la defensa judicial y hoy atiende dos frentes:
1.- Ante el juzgado penal de Tijuana que analiza la restitución del predio a Sánchez, en donde su estrategia consiste en afirmar que el predio en cuestión mide apenas dos mil 400 metros y no 100 hectáreas. Aquí los defensores de Sánchez presentaron una demanda penal por falsedad en contra de abogados y peritos topógrafos de la empresa ECA ante las autoridades, delitos de abogados, defensores y litigantes, y lo que resulte.
2.- Ante los magistrados de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en Mexicali, en donde los jueces se van a reunir para resolver una apelación que se interpuso en contra de un auto de libertad que dictó el juez mixto de Rosarito a favor de Sánchez.
“Si los magistrados confirman esta sentencia —apuntó Paz Arellano—, significa que Sempra va a tener problemas porque le pueden revocar su permiso por no cumplir con una de las condiciones que le impusieron en la concesión: no tener vecinos a un kilómetro a la redonda. Por eso están en la cuerda floja”.
Pero la defensa del ensenadense tiene temor del poder que sobre uno de los magistrados aún puede ejercer el ex gobernador Elorduy Walther. “Lo que ahora nos preocupa es que la magistrado ponente, la licenciada Perla del Socorro Ibarra Leyva, fue parte de la Procuraduría de Justicia del Estado en la administración de Elorduy”, comentó Paz.
Agregó que si bien la juez no intervino directamente en el proceso cuando Sánchez fue detenido, Elorduy y los abogados de Sempra pueden influir en ella para que presente una ponencia a favor de restituir la pena de cárcel a su cliente. “Afortunadamente los otros dos magistrados de la Cuarta Sala —licenciados Emilio Castellanos Luján y Marco Antonio Jiménez Carrillo— son completamente independientes a presiones políticas y pueden actuar con justicia e imparcialidad”.
De momento los tres magistrados ya rebasaron el plazo legal de 15 días hábiles para resolver el asunto —al viernes 13 de junio tenían 15 días de atraso— y no han dicho cuándo se reunirán para emitir un dictamen, que aún podrá ser impugnado por las partes en conflicto ante una instancia federal.
Sempra ha dicho en las últimas semanas que sin importar el resultado de los juicios, pondrá en marcha sus instalaciones en el paraje Costa Azul. Ricardo Moreno, del área de comunicación y relaciones públicas de Sempra Energy en Tijuana, manifestó en un boletín de prensa que Sempra LNG, subsidiaria de Sempra Energy, el pasado 15 de mayo confirmó que la terminal ha concluido su periodo de pruebas y se encuentra lista para iniciar operaciones comerciales.
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En opinión de un abogado experto
El gobierno federal no sólo actúa conforme a derecho al declarar una zona de seguridad como condicionante para el inicio de operaciones de la planta regasificadora de gas natural licuado de la trasnacional Sempra Energy, sino que hacerlo así “es su obligación”.
Esto fue lo que consideró el licenciado ensenadense Carlos González, experto en asuntos jurídico-inmobiliarios y particularmente en el caso Costa Azul, de Ensenada, quien agregó que para desgracia de los colindantes y vecinos de la transnacional, ninguna autoridad mexicana fuerza a esa empresa a cumplir con dicha condicionante de seguridad.
—Sempra tiene actualmente problemas con la tenencia de la tierra dentro del área que se le fijó como zona de seguridad, o amortiguamiento. ¿Aun así puede iniciar operaciones en su planta regasificadora?, preguntó el reportero.
“Yo creo que mientras no exista una resolución de una autoridad que se los impida, mientras no haya una orden de una autoridad que les suspenda el inicio de autoridades, ellos van a seguir adelante, al margen de que tengan problemas con la tenencia de la tierra.
“Obviamente, si tienen resoluciones adversas habría que ver hasta dónde les afectan, o las autoridades, al ver que existen problemas con la tenencia de la tierra, cosa que no creo que hagan, por cierto, le dijeran: ‘para esto hasta que resultas este problema’. Yo estoy seguro que no lo harán.
“Aquí recordemos que aunque se trate de terrenos baldíos, no dejan de ser propiedad privada en donde casi, casi estarían haciendo una expropiación, pues ninguna autoridad va a poder autorizar a los propietarios de dichos predios ningún proyecto de construcción por el riesgo de la regasificadora.
“Entonces al que le pegan es al propietario del predio colindante porque le congelan sus derechos sobre la propiedad. Y esto se da al norte y al sur del predio de Sempra. En el norte hay otra propiedad que colinda con la empresa.
“Energía Costa Azul ha venido comprando más lotes, desde el 20 hasta el treinta y tantos, y en el lote 20 existe un problema de sobre posesión de lotes que colindan, según planos, con otro predio que es colindante con Sempra. Hablamos de una zona que tiene aproximadamente 300 metros de frente de mar, son 162 hectáreas que colindan desde el Océano Pacífico hasta la carretera escénica. Es completa la colindancia. Ese terreno no tiene mejoras; están en posesión los propietarios, pero cuidándolos”.
— ¿Hace bien la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT) en fijar áreas de seguridad?
“No sólo hace bien y es legal lo que hace, es su obligación como autoridad. Lo que pasa es que llegan estas regasificadoras y nosotros decimos que estamos en pañales, es decir que no estamos muy avanzados, porque el gobierno no tiene experiencia en las necesidades, en todos los requerimientos de este tipo de proyectos, que es tecnología nueva para el país.
“Obviamente las condicionantes que estas empresas dan son copias o modelos que nadie sabe de dónde los sacaron. Ellos (las transnacionales) mismos dicen: ‘mira, voy a construir esto y aquí están las normas internacionales’, pero hay que recordar que ya en el pasado la SEMARNAT utilizó textualmente, en un problema jurídico relacionado con su instalación en Costa Azul, un documento que los abogados de Sempra le facilitaron. ¡Hasta los puntos y comas eran los mismos que Sempra utilizaba en sus propios argumentos!
“Bajo esa misma tesitura es lógico pensar que pueden ellos decirle a la autoridad cómo les debe autorizar sus instalaciones. Hay que recordar cuántas regasificadoras tenemos en el país, cuánta experiencia tenemos en Baja California, y en Ensenada en particular, en la dirección municipal de desarrollo urbano, en materia de regasificadoras. ¡Ninguna!
“Ahora es sumamente importante que ya que se estableció autorizar esa regasificadora, el gobierno debe tener en cuenta las medidas de seguridad. Y una de ellas, fundamental, aun cuando digan que la regasificadora es muy segura, que los niveles de riesgo son mínimos según experimentos y que no hay peligro con las flamas y todo lo que gusten y manden, forzosamente se debe establecer una zona de tolerancia, de amortiguamiento.
“Las autoridades deberían estar más preocupadas por obligar a Energía Costa Azul a cumplir con esa obligación, con ese requisito indispensable de seguridad para todos. A unos cuantos metros de los tanques tenemos un desarrollo turístico, Bajamar, que está creciendo: hay dos campos de golf, restaurante, hotel, etcétera, que si bien queda fuera del radio de seguridad, no pasa lo mismo con los dos predios colindantes al norte y sur de la instalación.
“De lo que se trata con sus terrenos es hacer una reserva porque no pueden hacer lo que ellos quieran. Si al rato ponen otro tanque en otro predio, con base a que son dueños, pues reducen la zona de seguridad.
“La autoridad debería obligarlos a que adquieran forzosamente esos predios colindantes, vía compra o cualquier otro medio legal, apegado a ley, y se comprometan, se obliguen a dejarlos como un amortiguador en caso de un siniestro, así como a comprometerse a no ampliar sus instalaciones para no superar los radios de seguridad y llegar entonces a poner en riesgo instalaciones turísticas o habitacionales, que las hay en la zona. No sólo es tener el terreno, sino adquirir el compromiso de no llevar a cabo ninguna obra en la zona de amortiguamiento. Respetar esa zona contra contingencias.
“Los propios directivos de Sempra elaboraron un estudio sobre una posible contingencia tomando como base un reporte de seguridad internacional que creo se llama ‘Sandía’, el cual establece las áreas de amortiguamiento. Sí hay precedentes, sí hay una normatividad conocida por las propias regasificadoras, que saben que deben tener esa área de amortiguamiento, que es como se le conoce internacionalmente, y que ellos no la han cumplido en Costa Azul.
“Ahora obviamente hay una comodidad, pues no ha pasado nada hacia el norte y el sur de sus instalaciones. En el sur están metidos en el pleito con (Ramón) Sánchez Ritchie. Al norte tienen una propiedad privada, 162 hectáreas, que no la controlan y ni siquiera hay pláticas para ver cómo resuelven ese caso”.
— ¿Entonces cómo puede Sempra hablar de un próximo inicio de operaciones?
“Precisamente ninguna autoridad mexicana los fuerza a cumplir con la condicionante de seguridad. Sempra, en una posición cómoda, o comodina, no dice nada. Pero cuando los propietarios de esos predios quieran solicitar licencia de construcción se las van a negar porque está dentro del área de seguridad de la empresa”.
— ¿Quiere decir entonces que los particulares le van a pagar a Sempra el área de amortiguamiento? 
“Entonces serían socios en la tierra y, como tales, Sempra debe pagarles utilidades”.
Moisés Santos Mena.
e-mails: tilpu@yahoo.com.mx, tilpu@hotmail.com,
bajacalifornia_symposium@yahoo.com.

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